La participación conjunta de los agentes privados y públicos es una actividad que se fomenta cada vez más para responder a problemas puntuales de las economías. En especial, si hablamos de la implementación de asociaciones público privadas (APP), que se han vuelto una de las opciones más atractivas para construir una mejor infraestructura y brindar mejores servicios públicos.

No obstante, es necesario notar que la organización y el manejo de las APP no son cuestiones sencillas, sino que requieren una detallada evaluación. Al respecto, recientemente, el Banco Mundial publicó el reporte Benchmarking PPP Procurement 2017[1], en el que se recolectó por primera vez información sobre los marcos normativos y la regulación de los procesos de una APP en 82 países. El reporte buscar crear indicadores que reflejen cuán cerca se encuentran estos países de aplicar buenas prácticas (reconocidas internacionalmente) en relación al manejo de las APP, para de esta manera medir sus puntos fuertes y débiles, a través de un puntaje entre 0 y 100 (a mayor puntaje, más cerca se está de las mejores prácticas).

El reporte abarca cuatro áreas del ciclo de proyecto de una APP: la preparación, que involucra todas las actividades que generan la identificación y preparación de un proyecto para realizarse por medio de una APP; la adquisición, relacionada con el proceso de selección de la entidad privada para la realización del proyecto; la regulación de contratos, en la que se evalúa, además de las provisiones regulatorias de los contratos, la existencia de un marco comprensible y bien establecido para facilitar la implementación de una APP; y el manejo de iniciativas privadas (USP, por sus siglas en inglés), este último relacionado a la factibilidad y consistencia con las prioridades del Gobierno, al igual que el proceso por el que se regulan.

Los resultados muestran que, a nivel global, son los países con ingresos más altos los que presentan los mayores puntajes. Por ejemplo, el grupo de países de ingresos altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el único que presenta un puntaje mayor al promedio mundial en todas las áreas. Por otro lado, si bien todos los países evaluados (82) presentan algún tipo de marco institucional para las APP, en la mayoría de ellos no hay un desempeño cercano a las mejores prácticas, siendo las áreas de preparación y regulación de contratos las de peor puntaje.

El siguiente cuadro muestra los puntajes para el Perú, el resto de países que conforman la Alianza del Pacífico, América Latina y el Caribe y la OCDE. Se observa que nuestro país posee el mejor puntaje posible en el área de manejo de USP, lo que significaría que estas siguen un proceso acorde con las mejores prácticas. El reporte resalta que hay una correcta evaluación sobre si la USP está alineada con las prioridades del Estado. Además, al pasar a una competencia entre empresas privadas para la iniciativa, existe un buen tiempo de espera para la presentación de ofertas, aproximadamente de 150 días (el mínimo recomendado es 90 días). Este tiempo es importante porque no solo asegura obtener ofertas bien sustentadas, sino también porque refleja un sistema que no favorece a ninguna empresa en específico, lo que genera mayor transparencia y confianza.

En cambio, nuestros puntos más débiles se encuentran en las áreas de adquisición de APP y regulación de contratos. En especial, somos el peor país en adquisición de APP en la Alianza del Pacífico y tenemos un puntaje menor al promedio de América Latina y el Caribe y de la OCDE. Una de nuestras principales debilidades en dicha área es la presencia de un solo postor en la licitación o concurso por la adjudicación de la APP, a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). El reporte recalca que, dado que en el Perú no existe un plazo mínimo predeterminado o regulado para la licitación, se podría estar favoreciendo a una sola empresa. Debido al número de partes de interés de ciertos proyectos, pueden existir presiones para aplicar “tiempos políticos” que impidan que las empresas presenten ofertas con una buena base técnica. De igual forma, no existe un procedimiento específico a seguir luego que solo se recibe un solo postor, a diferencia de México, por ejemplo, miembro de la AP con mejor puntaje en esta área, y que sí cuenta con un proceso detallado para este caso.

Estos últimos puntos deberían reforzarse a través de cambios en ProInversión, los que deberían tomarse en cuenta sobre todo con el pedido de facultades que buscan reformarla. En especial, como mencionamos en el Semanario N.° 845, esta entidad requiere de una mayor autonomía, ya que se encuentra sujeta a una gran influencia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios, tanto en su consejo directivo como en sus comités.

Finalmente, debemos mencionar que, como también indica el reporte, no existe un sistema de APP perfecto, sino que cada uno se ajusta mejor a su realidad. Los procesos y marcos normativos deben adaptarse, ya que siempre habrá aspectos que mejorar. Lo que se necesita es que, por medio de esta herramienta, se logren mayores beneficios para la sociedad. Ese es el objetivo, apuntemos a ello.